LA LEGISLACIÓN EDUCATIVA EN VENEZUELA.



Todo profesional  responsable que ejerza la docencia, precisa saber del ordenamiento jurídico pertinente a la regulación de la educación en el país, porque ello permite conocer los estatutos que reglamentan lo concerniente al hecho educativo, incluyendo la función docente para su desempeño.  En este sentido,  es compromiso de quienes enseñamos, saber la manera en que las leyes positivas, regulan la intervención del Estado y las competencias que a éste le corresponden, tanto en el ámbito público como privado.

Se puede decir que, las instituciones con un perfil idóneo, no son específicamente producto de las buenas legislaciones, sino fruto del trabajo y del desempeño del personal que la conforma, sobre todo, cuando se cuenta con buenos gerentes, conocedores de la legislación educativa, permitiéndoles luchar y defender los intereses institucionales. Por ende, se hace imprescindible conocer la conformación del sistema educativo venezolano, (detalle que aún después de 3 años de vigente la Ley Orgánica de Educación (2009), se perciben debilidades y desconocimiento), del mismo modo, estar al corriente de la misión y funciones del supervisor, directivo y de los propios docentes, poseer nociones sobre el ejercicio de la profesión, y de como comprender los elementos que rigen los procedimientos administrativos sancionatorios.

La jerarquización de la Legislación Educativa en nuestro país, se inicia con la Carta Magna (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), continuando con las Leyes Orgánicas y Especiales, seguida de las Leyes Ordinarias y Decretos de Leyes, posterior vienen los Reglamentos, las Ordenanzas y por último las Sentencias.

Ahora bien, en virtud de la rica legislación educativa con la cual contamos hoy día, es bueno inspeccionar las memorias y cuentas de los ministerios concernientes a la educación, donde se confronte dicha legislación con la realidad social, y así poder percibir de manera objetiva, el cumplimiento o no de la normativa en todos los ámbitos, donde cada implicado se haga responsable de sus propias funciones y también de sus fallas, incluyendo al mismo Estado, debido a que existen inconformidades en cuanto al funcionamiento de las instituciones, muy específicamente en sus infraestructuras y en la función supervisora, así como en otras disyuntivas que se presentan en torno al hecho educativo, viéndose involucrados  todos los actores.

 

                                                                                                                                     Nancy Peñaloza.

 

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